Desde esta perspectiva, la concepción de los desastres se ha ido modificado en los últimos años y cada vez más, se les considera como resultado de complejos procesos sociales multicausales, consecuencia a su vez, de condiciones vulnerables preexistentes construidas socialmente a través del tiempo en un territorio específico que se ven expuestas al impacto de un peligro o amenaza natural, socionatural o directamente inducido por la sociedad (socio-organizativo, tecnológico, químico-sanitario, entre otros) (García, 1997).
Esas vulnerabilidades socialmente construidas más las amenazas naturales y los efectos de la catástrofe del 27 de Febrero de 2010 han expuesto de manera específica las inequidades de género existentes en nuestro país, a pesar de los esfuerzos y recursos asignados y ocupados para su desaparición.
Queda de manifiesto en este sentido, que las desigualdades sociales y especialmente las desigualdades de género aún son abismantes y peor aún, invisibles ante la lógica de desarrollo económico y social que exporta nuestro país, ante organismos internacionales (ejemplo claro la incorporación de Chile a la OCDE - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico).
Desde esta lógica de crecimiento económico pomposo y grandes ínfulas desarrollistas, la ciudadanía en general debe ser marginada, silenciada, vulnerada y victimizada, de manera tal de que no genere ni represente trabas al maridaje económico-político actual.
El cerco comunicacional y la censura abierta y descarnada que sufren los/as damnificados/as de Chile tras el terremoto/tsunami en las regiones de Maule y Biobío, son evidencias explícitas de la violación al derecho de informar la realidad vivida por los/as propios/as habitantes de estas regiones, pero además, de un derecho humano básico: vivir con dignidad.
Los hombres y mujeres afectados por la catástrofe del 27 de Febrero no recibieron durante el año 2010 la cobertura mediática que si acaparó el mundial de futbol de Sudáfrica, el rescate de los 33 mineros y la celebración del seudo bicentenario de la patria (otra prueba de la ignorancia general en la cual vivimos sumidos/as a diario por causa de un sistema neoliberal aborrecible, pero absolutamente perfecto en la consecución de sus objetivos). Ellos/as no salen en la prensa viviendo el día a día en las mediaguas, y cuando protagonizan “incidentes” mediáticos para aparecer en ella, son reprimidos y mostrados/as ante la ciudadanía olvidadiza, desmemoriada, y muchas veces insensibles, como perturbadores del orden público, aprovechadores del sistema, o sencillamente delincuentes.
Los costos sociales, personales y humanos de cada una de las personas que aún no ha recibido y por bastante tiempo más, no recibirá soluciones, han sido devastadores y los costos de la lucha contra la indiferencia, la desigualdad y la invisibilización de sus realidades han sido aún peores.
El costo del compromiso social de las mujeres durante la emergencia y la posterior regularización de algunos de los servicios post terremoto; la tenacidad y la perseverancia en la lucha por la dignidad en la reconstrucción y la batalla contra las violencias urbanas (sociales y simbólicas) son hoy, los principales problemas con los cuales deben lidiar las mujeres y por su puesto, las organizaciones de mujeres que han sido inclaudicables, en el trabajo de resiliencia comunitaria y contención.
Analucy Bengochea[2] ha dicho en la región del Maule que “la resiliencia comunitaria es la capacidad que tenemos las personas de recuperarnos, de organizarnos, gestionar, realizar acciones y aprender a identificarnos como personas, qué pasa con nosotros, cómo podemos tener un buen estado de ánimo para trabajar en beneficio de nuestras comunidades y de la colectividad” (2010).
Esa capacidad de salir adelante que han tenido las mujeres en la región del Maule; esa capacidad de sacrificio, el aguante, la responsabilidad social surgidos por la socialización de género, parece ser la respuesta a sus reacciones de movilización y demandas en un contexto de ausencia de políticas públicas y de efectos perversos de un proceso de reconstrucción mercantil y privatizador que intenta interponerse de manera brutal en el Maule.
“El fin de semana de terror nos mojamas todos; se volaron los techos; se nos cayeron murallas y aún seguimos esperando las reparaciones… Que terrible es ser pobre… (Marlene)
Creemos que la reconstrucción requiere canalizar los presupuestos destinados para tales efectos, a las prioridades sociales emergentes, así como también a las actividades que revitalicen los sectores económicos más afectados. Este presupuesto debe incluir necesariamente programas de generación de empleos (o bien reoiner los programas de emergencia para tales efectos como el de inversión directa en la comunidad del SENCE Mejor Trabajo); debe incluir además la reconstrucción de viviendas provisorias de calidad e infraestructuras vitales y viales. Del mismo modo debe considerar medidas de mitigación que reduzcan vulnerabilidades presentes y futuras y, sobre todo, que eviten reconstruir las falencias heredadas del pasado y las inequidades de género que tantas injusticias sociales han legitimado.
También es importante “no perder la oportunidad que brinda la recuperación y la reconstrucción post desastre, pues se tiene la legitimación para hacer cambios positivos y se cuenta con los recursos, prestados y canalizados, que pueden utilizarse no solo para salir del paso, sino para fomentar cambios institucionales y sociales que incluyan entre sus objetivos la equidad de género, la gestión ambiental sostenible y la justicia social, todo ello esencial para reducir la vulnerabilidad de la sociedad ante el riesgo de desastre…” (Castro García; 2005: 14 -15).
Desde esta perspectiva la ciudadanía es vital en la supervisión de estos presupuestos y de los asuntos que se desprenden a partir de la efectividad de los mismos. Por ello los pasos de la reconstrucción deben ser procesos y éstos deben ser eminentemente sociales, de manera tal que signifiquen oportunidades para construir capital social, aprendizajes, confianzas, y soluciones socialmente legítimas.
“Al momento que las organizaciones sociales se organizan, realmente toman el poder, dejan claro que están capacitadas por sí mismas, y que no necesitan a otras personas para hablar en su lugar, porque así se ganan las luchas” (Charlotte Mathivet; International Habitat Coalition; Pasantía Cauquenes) [3].
Por ello, lo social (las organizaciones de base, de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres), debe ser el eje de la reconstrucción, pues no se trata sólo de reconstruir casas y barrios, sino de construir ciudad y ciudadanía, con enfoque de derechos y conciencia de género, de manera tal de posibilitar un nuevo modelo de desarrollo económico tanto urbano como rural, y repensar el tema de la autogestión y la propuesta de cooperativismo que en los años 60 existía en Chile, por ejemplo.
Los desafíos en este camino es reconstituir y levantar fuerzas con las organizaciones sociales y reconocer las labores de estas organizaciones de base en las políticas públicas y principalmente visibilizar y reconocer el trabajo que han realizado las mujeres y que continúan realizando sin tregua y sin costos para el Estado.
Posicionar un enfoque de género en la reconstrucción es trascendental para evitar todas las falencias, las desigualdades, las inequidades y las privaciones que hemos mencionado anteriormente. “Necesitamos ejercer plenamente la ciudadanía, tenemos que participar. En esto siempre recordar la igualdad de género, es importante que estemos todos y todas en este proceso y esto conlleva igualdad, el que tengamos un programa participativo de planeación y seguimiento en todas las etapas de los planes de reconstrucción del gobierno” (Charlotte Mathivet; 2010).
Finalmente señalar que las autoridades deben entender que la reconstrucción no empieza ni termina con la reparación de infraestructura, sino con la reparación y reconstrucción humana de un pueblo, una ciudad y un país; y que en ese proceso las mujeres tenemos mucho que decir, pues hemos sido nosotras quienes, gratuitamente y a costo personal de nuestras emociones y salud, hemos liderado las acciones de regularización tras la catástrofe.
Las mujeres han sido quienes mayoritariamente están luchando en los comités de vivienda, de damnificados/as, de reposición de servicios básicos, entrega de información, contención y visibilización de la situación actual que afecta a una parte importante de ciudadanos/as entre el Biobío y la Villa Olímpica. Y son ellas justamente, quienes menos apoyo han recibido, quienes menos trabajo han conseguido, quienes menos oportunidades y proyecciones tienen y quienes más han sufrido las violencias producidas por la catástrofe del 27 de Febrero, la ausencia de políticas públicas para la reconstrucción, el maridaje político económico actual, y los efectos perversos de la reconstrucción mercantil y privatizadora que se cuela silenciosamente a vista y paciencia de todos y todas.
La consolidación de la Agrupación de Organizaciones de Mujeres del Maule, es una apuesta clave en este proceso y continuaremos nuestro trabajo para enfrentar las próximas elecciones municipales y hacer incidencia política efectiva.
Todo lo anterior de cara a una reconstrucción con equidad de género y justicia social, de manera tal de hacer frente a un sistema político económico que insiste en la negación de la ciudadanía por el auge del mercado de capital, acrecentando la brecha entre hombres y mujeres y con ello el posicionamiento de una jerarquía de desigualdades.
La reconstrucción justa y con equidad de género debe ser una opción de la ciudadanía maulina y en ello, las mujeres tenemos mucho que aportar, decir y decidir.
REFERENCIAS
[2] Integrante del Comité de Emergencia Garífuna, Campaña de Reducción de Riesgos de Desastres y Resiliencia Comunitaria de Comisión Huairou y GROOTS, Honduras, de visita en la Región del Maule en Junio – Julio de 2010.
[3] Charlotte Mathivet de HIC, International Habitat Coalition, en Proyecto de pasantías sobre “Experiencias ciudadanas de la Reconstrucción”, realizado en la comuna de Cauquenes en Noviembre de 2010.
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