Como bien recordamos, la madrugada del sábado 27 de Febrero de 2010, a las 3:34 horas, un terremoto de 8,8 grados en la escala Richter sacudió fuertemente nuestro país durante 2,45 minutos desde la región de Valparaíso hasta la Araucanía. Sólo 15 minutos más tarde, las primeras olas producto del maremoto, sacudían y devastaban las costas de la región del Maule y el Biobío, mientras las autoridades nacionales, tres horas después, insistían en la cancelación de la alerta de tsunami.
Como resultado de la catástrofe 524 personas perdieron la vida, de las cuales 272 pertenecen a la Región del Maule. Aún se encuentran desaparecidos/as 31 habitantes en la ciudad de Constitución, también en la Región del Maule, quienes la madrugada del 27 de Febrero celebraban la “Fiesta Veneciana” en la isla Orrego. En este lugar 91 personas fallecieron y los/as sobrevivientes fueron encontrados/as horas después sobre los árboles de la isla o flotando entre los escombros que arrastró el río. Las devastadoras consecuencias del terremoto y el tsunami generaron pérdidas estimadas en US$ 30 mil millones, lo que corresponde al 18% del PIB nacional.
Para el MINVU el terremoto dañó cinco ciudades con más de 100.000 habitantes y más de 220.000 viviendas resultaron destruidas o seriamente dañadas, dejando damnificadas a más de 80.000 familias. Para el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, el número de viviendas afectadas tras la catástrofe bordea las 500.000.
En la Región del Maule se estima que 76.581 viviendas quedaron dañadas, de las cuales 23.879 fueron totalmente destruidas y 52.702 presentan daños mayores, existiendo en la región alrededor de 65.000 familias damnificadas. Asimismo el movimiento telúrico perjudicó más de 6.000 escuelas de las cuales más de 3.700 resultaron con daños severos (1 de cada 3 escuelas de las zonas afectadas), situación que impidió que más de un 1.250.000 jóvenes iniciaran su año escolar con normalidad. En relación a la salud pública el 75% de la red hospitalaria se vio afectada. 22 hospitales resultaron dañados severamente, 34 con daño menor y 17 quedaron inutilizables, entre ellos, el Hospital Regional del Maule, que fue demolido en el año 2010, sumando a los 13 hospitales que en nuestra región se vieron afectados, varios de ellos con pérdidas irreparables.
Desde esta perspectiva la mirada formal de los daños ha estado enfocada casi exclusivamente en los perjuicios sobre la infraestructura (ya sea pública o privada), silenciando con ello, el impacto de esos daños en la vida inmediata de los/as habitantes de las regiones más afectadas. Esto, porque la infraestructura dañada, derrumbada, demolida y eliminada de la urbe, no sólo tiene usos económicos, políticos y comerciales, sino que en esos espacios precisamente, se desarrolla(ba) la vida social y simbólica de sus habitantes, las relaciones humanas del barrio y la identidad de los pueblos y su gente. La pérdida de “la ciudad” se extiende por ende a todos/as los/as habitantes, quienes tras las decisiones políticas de las autoridades de favorecer al mercado inmobiliario y no a los/as ciudadanos/as, deben abandonar sus barrios, redes sociales, identidades y esperanzas.
Sin embargo, en el contexto social de la crisis provocada por el terremoto/tsunami de 2010, la violencia hacía las mujeres, ha encontrado nuevas formas de expresión. Algunas de éstas son producto directo de las formas en que se analizan los impactos en la pérdida de infraestructura, y otras, más profundas y a la vez más invisibles, producto de las tensiones que se producen frente a situaciones de precariedad y falta de recursos en la cotidianeidad de la vida de las mujeres.
Para las mujeres, tradicionalmente las encargadas y responsables de la reproducción doméstica, la pérdida de infraestructura educativa y especialmente de salas cunas y jardines infantiles en la región del Maule, implicó grandes reacomodos en sus vidas personales y laborales. Esta medida, asumida por las autoridades locales y la “ciudadanía” en general como forma de enfrentar la crisis de infraestructura se hizo a costa del tiempo de las mujeres, el que es absolutamente invisible en el modelo patriarcal de nuestras sociedades. Las mujeres (y no los hombres), al no tener dónde dejar a los/as niños/as, se vieron obligadas a volver a sus casas, sumándose a esto el cuidado de adultos/as mayores que también perdieron sus hogares. Asimismo, la pérdida de la infraestructura hospitalaria se tradujo en la priorización de emergencias físicas que impidieron el normal desarrollo de la atención primaria. Entre los efectos más significativos para las mujeres se encuentra la suspensión de entrega de métodos anticonceptivos en algunos centros de salud hasta dos meses después de ocurrida la tragedia. Esto constituye una explicita violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, según todas las convenciones de derechos humanos, y más aún en Chile, donde el aborto terapéutico aún es ilegal.
El aumento de las denuncias por abusos deshonestos y violaciones al interior de las mediaguas u hogares altamente hacinados, también forman parte de la larga lista de violencias hacía las mujeres que se acrecientan a diario tras la catástrofe y que son invisibles para las autoridades locales y nacionales. Las cifras aquí hablan por si solas, un aumento de un 15% en las denuncias por lesiones, un 19,8% en las denuncias por amenazas, y un 300% en las denuncias por los delitos sexuales, durante el año 2010 (Todas estas denuncian bajaron en un 15,13%, 4,3% y 300% respectivamente, durante el año 2011).
Por ello, la sensación de temor de las mujeres al transitar por sitios eriazos en barrios completamente abandonados por la migración de sus habitantes a otros sectores o ciudades, no es sólo miedo, sino que implica en la práctica una nueva forma de violencia que tiene una connotación sexual sobre sus cuerpos y que es negada por el Estado.
Asimismo según datos de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 93.928 trabajadores/as perdieron su empleo debido al terremoto y posterior tsunami. Por regiones la más afectada es Biobío, donde la OIT estima que 34.437 personas perdieron su empleo; le sigue el Maule con 28.090 puestos de trabajo perdidos. Además, la OIT indica que la catástrofe golpeó con más fuerza a las pequeñas empresas, que concentran el 81% de las pérdidas de empleos. Las mujeres en este escenario volvieron a ser las más perjudicadas: posterior a la catástrofe 22.924 mujeres perdieron su empleo en el Maule y sólo 2.010 lo recuperaron, es decir, un 90% no lo había recuperado hasta un año después, desconociéndose hasta hoy el porcentaje real de mujeres cesantes que aún existen en nuestra región tras la tragedia.
Es por ello que decimos que el terremoto ha tenido impacto en casi todos los ámbitos de la vida social y sus efectos son complejos y multidimensionales, teniendo consecuencias muy diferentes en los sectores medios y bajos, pero además entre hombres y mujeres, siendo éstas ultimas, las más perjudicadas en la escala social. Esto porque en una situación de desastre, “esta diferencia genérica afecta directamente el desarrollo de la participación de las mujeres, ya que a pesar de que las mujeres dedican gran parte de su tiempo en las tareas de cuidado y de administración de sus hogares, tienen, además, una mayor disposición para ejercer adicionalmente una doble y hasta triple jornada de trabajo cotidiano: asalariado, activismo político, sindical y como participante dentro de los grupos voluntarios de la comunidad, lo cual no siempre es plenamente valorado y reconocido… Y aunque los hombres en su mayoría cumplen con una única jornada laboral, oponen fuertes resistencias a comprometerse y a participar en las tareas domésticas, de alimentación y de cuidados a su familia y a otros miembros de la comunidad; ello, debido al poco valor proporcionado a la reproducción doméstica dentro de la jerarquización y división del trabajo en una sociedad con valores patriarcales” (Castro; 2005: 2).
Sin embargo, además de las circunstancias naturales se debe considerar el cambio de coalición de gobierno en el país, 15 días después del desastre. Esto significó un desorden de dimensiones gravísimas en donde ni las autoridades políticas de concertación ni de alianza, se hicieron cargo de la catástrofe durante ese período de tiempo, delegando en el sector privado gran parte de la ayuda entregada durante Marzo y Abril del año 2010. Esto sin embargo es mucho más profundo cuando se analiza el cambio de gobierno, con la llegada democrática de la derecha chilena luego de casi 60 años, y de 20, tras la última dictadura militar. El arribo de la derecha al poder significó para la lucha del movimiento de mujeres a nivel regional y nacional, retrocesos simbólicos y sociales inauditos en materia de políticas públicas de género, los que suceden, paradójicamente, tras la salida del primer gobierno chileno, al mando de una mujer.
Ante estas y otras situaciones, la ciudadanía desprotegida e indignada ante las negativas estatales de incorporar su voz en las discusiones y planes de reconstrucción, sumaron fuerzas entre colectividades, corporaciones, colegios profesionales, trabajadores/as informales, y por su puesto las organizaciones de mujeres, visibilizando la violencia que vivimos a diario, generando diversas instancias de encuentro y participación.
Es así como las mujeres en el Maule construyeron una Agenda ciudadana para la reconstrucción con equidad de género, instrumento que constituye un aporte para los distintos actores e instituciones en cuanto al conocimiento de las realidades post catástrofe; las formas de organización comunitaria y las deficiencias y necesidades de la población desde un enfoque de género.
A dos años del desastre natural, la catástrofe es eminentemente “social” y “política” y hemos evidenciado el aumento de las violencias físicas y sexuales, producto del hacinamiento y la precariedad, así como el aumento de la inseguridad surgida tras el aumento de sitios eriazos dentro de la ciudad vacía; el aumento de las violencias psicológicas, derivadas del temor a las réplicas del terremoto natural, pero principalmente, de la angustia, rabia, impotencia e indignación, emanadas de la falta de una política real y seria sobre reconstrucción, sumado a la entrega – de parte de nuestras autoridades - de la “construcción” (no reconstrucción) de nuestros territorios, al mercado neoliberal; el aumento sustancial de la violencia económica, producto de la pérdida excesiva e invisibilizada de puestos de trabajo de las mujeres; el aumento de la violencia estructural que vivimos a diario, producto de la negación absoluta de la participación de las mujeres en el trabajo comunitario, social y político durante estos dos años; el aumento de las violencias simbólicas que insisten en el estereotipo mariano de la mujer que impulsa el Estado, a través de sus instituciones, el cual insiste en la reproducción de ideologías patriarcales, sumado a la postergación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en momentos de crisis; y por su puesto, la violencia del sistema sexo/género ha derivado en situaciones de estrés post traumático, no sólo por el horror de la vivencia del terremoto/tsunami y la pérdida de seres queridos, sino además por la “responsabilidad” de recomponer las dimensiones reproductivas del tejido familiar y social (alimentación, higiene, cuidados) y no contar con los recursos y las medidas básicas para hacerlo.
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| Foto: Fabiola Aravena y Vania Reyes |
Todo lo anterior constituye formas de violencias institucionales invisibles y peor aún, legitimadas social y culturalmente, a través de los fundamentos ideológicos que subyacen en las prácticas culturales del sistema sexo/género, y que lamentablemente nadie ha visto durante estos dos años y nadie verá sino es a partir del trabajo de las mujeres y la ciudadanía informada que debe exigir una política pública para la reconstrucción con un enfoque de derechos humanos, equidad de género y justica social.
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